Más hechos, menos palabras

Resolver es el verbo que más se escucha en la calle en la Venezuela de hoy en día “¿Cómo va todo? Ahí, resolviendo”. El venezolano se ha vuelto pragmático y lo que necesita es solucionar. Así lo reflejan todas las encuestas. Entre 55 y 68% de los venezolanos coinciden en que la gestión del Gobierno ha sido cada vez menos efectiva en resolver las necesidades cruciales del venezolano de a pie.

La preocupación del venezolano está en que las cosas funcionen. La adscripción política ya es absolutamente secundaria, es decir, oficialistas y opositores coinciden en lo mismo. La gente pide que la gestión gubernamental esté a la altura de las demandas sociales insatisfechas, sobre todo esas que al pasar los días se convierten en una constante angustia.

La gestión se convierte en la clave de este momento político y su solución parece ser más bien gerencial: toma de decisiones asertivas macro y micro económicas, claridad en los roles institucionales, transparencia del estado en hechos públicos, ajuste de los mecanismos de inserción real de todos los sectores del país, y sobre todo sincerar el modelo que funcione para todos los venezolanos. Más racionalidad y menos filosofía.

La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro  firmó la promulgación de varias leyes. De ellas resalta la Ley Orgánica de la Gestión Comunitaria de Servicios, Competencias y otras Atribuciones,  porque trae consigo la descentralización de los órganos y entes del poder público Nacional, Estadal y Municipal, descentralización que tiene el signo de co-gobierno. Ést transfiere parte de la responsabilidad en la toma de decisiones a las comunidades organizadas, comunas y consejos comunales, la gestión y administración de servicios,actividades, bienes y recursos ¿De cuáles?  Atención primaria de salud, mantenimiento de centros educativos, producción de materiales y construcción de viviendas, políticas comunitarias de deporte, y mantenimiento de instalaciones deportivas y culturales, administración de programas sociales, protección del ambiente y recolección de desechos sólidos, administración y mantenimiento y conservación de áreas urbanas, administración y prestación de servicios públicos y financieros y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad.

Esta ley es, sin duda, un avance en la participación democrática, ya que concede recursos y poder. Pero es imposible no preguntarse sobre el largo historial venezolano en materia de gestiones deficientes y desorientadas por  la escasa supervisión y evaluación de procesos. ¿El gobierno nacional estará a la altura para poder diagnosticar, supervisar e implementar  una co gestión de estas dimensiones? ¿ Los grupos organizados de base serán más eficientes en su capacidad de gestión de lo que ha sido hasta ahora el ejecutivo venezolano?  Lo que sí queda claro es que ya el venezolano  no es un ciudadano pasivo. Las crisis crean definiciones y todos estamos demandando un país  donde podamos mejorar cada vez más.