Hace quince días escribí sobre la orden ejecutiva que emitió el presidente norteamericano Barak Obama el 9 de marzo de este año, condenado la situación en Venezuela y estableciendo sanciones para siete funcionarios venezolanos. A raíz de algunos comentarios que recibí, todos muy respetuosos y en el mejor sentido del debate, quisiera dedicar este espacio a explicar, de qué se trata la orden, a quien afecta y por qué las firmas que está recogiendo el gobierno no van a funcionar como el presidente y sus partidarios quisieran.
Barack Obama se arregla la corbata. Foto White House.
La Orden Ejecutiva No. 13.692 declara que la situación en Venezuela, incluyendo la falta de protección a los derechos humanos, la persecución a opositores políticos, el recorte de la libertad de prensa, el uso de violencia y violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas contra el gobierno y la corrupción en el sector público constituyen amenazas “inusuales y extraordinarias” contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.
A raíz de ello ordena que se incluyan en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, y consecuentemente se congele la propiedad que se encuentra en los Estados Unidos, o se transfirió a alguien al interior de los Estados Unidos, y se niegue la visa, de las siete personas que menciona la orden, así como de cualquier persona que la Oficina del Tesoro en conjunto con la Secretaría de Estado considere que sea responsable de ordenar, controlar, dirigir, ayudar o participar directa o indirectamente en:
a) acciones o políticas que erosionan el proceso o las instituciones democráticas,
b) acciones de violencia significativa o violaciones a los derechos humanos contra personas que estén involucradas en protestas contra el gobierno,
c) acciones que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de libertad de expresión o reunión pacífica y
d) casos de corrupción pública. La orden extiende el derecho de incluir en la lista OFAC a aquellas personas que, la Oficina del Tesoro en conjunto con el Departamento de Estado consideren que están relacionadas, lideren compañías o entidades de, o tengan negocios con cualquiera de los sancionados, así como a miembros del gobierno de Venezuela.
Varios puntos importantes surgen de este resumen. Primero, como lo mencioné en la columna anterior esta orden ejecutiva no es muy distinta a otras órdenes que ha emitido el presidente de los Estados Unidos en el pasado (Ver el caso de Colombia). Si bien el contexto o la razón de las sanciones son diferentes, el marco en que ellas se autorizan –es decir la “amenaza inusual a la seguridad de los EEUU”—o el castigo que imponen no cambia. En otras palabras, órdenes ejecutivas de este corte son mecanismos que se usan con frecuencia en la política exterior norteamericana.
Segundo, la orden ejecutiva no condena “a Venezuela”, condena la situación en Venezuela. El presidente Obama fue muy claro cuando anunció la orden ejecutiva. Esto no es un ataque contra los ciudadanos venezolanos o su país. En principio, las medidas sólo afectan a las personas sancionadas. Aunque a veces tienen consecuencias no previstas en familiares inmediatos, en teoría son individuales. Si uno no cumple ninguno de los criterios mencionados arriba, no hay razón –en principio—por la cual debería sentir temor de ser penalizado.
Tercero, técnicamente, la orden está limitada a los Estados Unidos y no viola la soberanía venezolana. Cada país está en libertad de investigar y sancionar, dentro de sus fronteras, a personas que, ellos consideren que estén violando leyes nacionales o internacionales. Más aún cuando dichas sanciones son administrativas y no penales. Similarmente, todas las naciones están en libertad de otorgar o negar visas a ciudadanos extranjeros según crean conveniente. El gobierno norteamericano no está ordenando congelar bienes o negar visas en Venezuela, sólo lo está haciendo en los Estados Unidos.
A veces, es cierto, las sanciones cruzan fronteras. Sin embargo eso es consecuencia, primero, de la globalización –son pocos los negocios que hoy sobreviven sin tener socios o inversionistas norteamericanos quienes tendrían que pagar altas multas si llegaran a tener intercambios financieros con cualquiera de los sancionados– y segundo, de la protección, o falta de protección, que cada gobierno otorga a sus ciudadanos. En Colombia, por ejemplo, una vez en “la lista Clinton” (como se denomina la lista de sancionados en mi país) es difícil salir de ahí. El estigma es muy alto. Una vez en la lista, no sólo quedas excluido del mundo financiero en Colombia –pues está estrechamente interconectado con el mundo financiero en los Estados Unidos–, sino que es difícil hacer negocios, conseguir trabajo, pedir un préstamo e inclusive recibir ayuda económica del estado. El gobierno Colombiano no ofrece ninguna protección a sus ciudadanos en este sentido.
Ahora, dada la reacción del gobierno de Maduro, ese no parece ser el caso de Venezuela. Maduro no sólo defendió públicamente a las siete personas sancionadas, sino que aseguró su posición en el gobierno. Más allá, no hay nada que pueda hacer. No importa si recoge cien firmas o cien millones de firmas. En principio las órdenes ejecutivas de los Estados Unidos son un asunto doméstico y no hay petición extranjera que valga. Que Venezuela recoja firmas para derogar el decreto, es el equivalente a que Estados Unidos recoja firmas para derogar la ley habilitante que se acaba de aprobar.
En general órdenes ejecutivas como la que emitió Obama son muy problemáticas. La decisión de quien entra o sale de la lista OFAC es sumamente arbitraria. Es un proceso administrativo que nunca pasa por un juez. Adicionalmente, una vez adentro de la lista es muy difícil revertir la decisión. Salir de la “lista Clinton” en Colombia es un proceso que, con suerte, dura dos años. Personas de bajos recursos y pocos contactos, la mayoría de ellas inocentes, pocas veces logran salir. Es un sistema en el que pagan justos por pecadores pues la lógica del mismo es pegar primero y preguntar después. Definitivamente existen maneras más justas para combatir el terrorismo, las violaciones de derechos humanos o el narcotráfico.
Mi rechazo a “la lista”, sin embargo, no quiere decir que piense que los siete sancionados en Venezuela sean inocentes. El trato a protestantes, prensa y miembros de la oposición en dicho país deja mucho que desear. El gobierno Venezolano no sólo ha usado fuerza letal contra manifestantes, sino que ha encarcelado a líderes de la oposición y penalizado jurídicamente a personas, o periódicos, que manifiestan públicamente su desacuerdo con el régimen chavista. Si bien no estoy de acuerdo con “la lista Obama”, y dudo que funcione como muchos creen que va a funcionar, ojalá sí sirva para empezar a empujar cambios en Venezuela.
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