Es la una de la tarde de un día de semana en la Rómulo Gallegos. La alusión metafórica está de perlas. La gente que va a hacer uso de su civilizado turno para cruzar la calle debe cuidarse, sin chistar, de la barbarie que, bajo la forma de dos policías uniformados en una moto oficial, ignoraron las instrucciones de ese aparato cuyas sencillas reglas ha practicado la humanidad desde principios del siglo antepasado, conocido como semáforo.
¿De qué hablamos cuando hablamos de autoridad?
No se sabe si lo hicieron por ver qué tanto la gente se dejaba o si ensayaban un parapeto de imagen “socialista”, pero lo cierto es que a los organismos públicos les dio en una época por instrumentar días de jornada colectiva de limpieza de calles. En uno de esos días, un funcionario medio de un ministerio reunió a su personal y les dijo que tenían que dejar de hacer lo que estuvieran haciendo para que bajaran a barrer la calle. Que no podía hacer nada porque eran “órdenes de arriba”. Él, por supuesto, aprovechó su condición para eludir una tarea que para sí le resultaba vergonzosa.
¿Apeló ese funcionario a su autoridad?
El pasado 9 de abril, el ministerio de Economía y Finanzas publicó la Providencia 011, la cual establece, entre otras disposiciones, una reducción de las divisas otorgadas para viajes fuera del país, y la división del uso del cupo electrónico en tres partes cuatrimestrales de 100 $ cada una. A los días, Maduro señaló que los usuarios del estatal Banco de Venezuela no estarían sujetos a dicha providencia. Pero, apenas un día después, el Cencoex publicó un comunicado en el que revocaba el artículo 26 de dicha providencia, que establecía precisamente el uso fraccionado del cupo electrónico y, según se entiende, contradijo las palabras de Maduro acerca de los usuarios del Banco de Venezuela.
Esta ausencia de claridad en la norma, estas contradicciones, en manos de un gobierno extremadamente susceptibles a cualquier gesto que parezca desafiarlo, ocasionó que la banca comercial paralizara cualquier operación relacionada con las asignaciones de divisas, en espera del próximo comunicado definitivo que contradijera al anterior comunicado definitivo.
¿Tener poder es tener autoridad?
Hacen cadenas cuando les da la gana. Convocan marchas vaciando las oficinas públicas porque pueden. Promulgan leyes y decretos que, de antemano, se eximen de cumplir, como la inamovilidad laboral. Improvisan en la implantación de normativas y operativos sin pensar en el impacto que esto tendrá sobre las vidas de los ciudadanos. Han hecho de la improvisación y la arbitrariedad una forma de “gobernar”. Las comillas no necesitan mucha explicación, porque dicho verbo, para tener sentido, requiere de la presencia de la autoridad.
¿En qué reside, entonces, la autoridad?
Según se sabe, la palabra viene del latín auctoritas, cuya raíz “augere” significa aumentar, promover. Esto alude a la capacidad que tienen determinadas personas de fomentar el buen crecimiento de algo o alguien. Autoridad, entonces, es la superioridad de una persona en función de un determinado conocimiento o acción. Es decir, de un modo de ser que suscita respeto.
¿Suscitará respeto el policía que desconoce las señales de tránsito, el funcionario que avala atropellos a su personal, el gobierno que se contradice y denota improvisación en decisiones que afectan a la ciudadanía?
No hay que ser un genio para entender que la autoridad se adquiere a partir de la actuación propia, del ejemplo que ofrece el que la ostenta. De su verticalidad. El que se impone a la fuerza, el que abusa de su condición, el que goza de privilegios inmerecidos, el que decide con sectarismo, el que carece de congruencia en sus acciones públicas, el que no siente respeto por el tiempo y el esfuerzo ajeno, el que denota improvisación en sus decisiones… carece del prestigio suficiente para tener ascendencia sobre sus congéneres.
Podrá, entonces, tener y hasta ejercer el poder, pero no la autoridad.
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