Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas dio a conocer sus apreciaciones sobre el 7mo y 8vo informe del Gobierno de Venezuela en esta materia. ¿El resultado? Al comité “le preocupa profundamente que la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada y en aumento”.
Las razones expuestas para tal preocupación son:
a.- Falta de información sobre las formas, la prevalencia y las causas de la violencia contra las mujeres y la ausencia de un sistema de recolección y procesamiento de datos desglosados;
b.- Insuficiente aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
c.- Falta de acceso efectivo a la justicia para todas las mujeres víctimas de la violencia en todo el país, debido a las insuficientes estructuras y el funcionamiento inadecuado del sistema de justicia, y habida cuenta del bajo número de casos enjuiciados y el hecho de que los tribunales especializados se han establecido sólo en 16 Estados, y
d.- Insuficientes refugios para las víctimas, pues la ley exige uno por cada estado y sólo hay 6 en todo el país.
Por su parte, el Gobierno venezolano presentó como un gran avance la tipificación del delito de feminicidio, el cual será juzgado por los tribunales especializados en violencia de género y sancionado con prisión entre 20 y 30 años. Por lo que la ONU instó al Estado a acelerar la entrada en vigencia de la reforma (sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de agosto de 2014) porque todavía no ha sido promulgada por el presidente de la República.
Por la demora en la entrada en vigencia de la reforma, esas muertes de mujeres ocurridas en 2014 no podrán ser juzgadas y sancionadas con la severidad establecida en las nuevas normas.
El Comité también recomendó desarrollar un plan nacional para prevenir y sancionar todas las formas de violencia, incluida la que las mujeres experimentan a través de Internet. “El plan dispondrá lo necesario para poner en funcionamiento una coordinación nacional sobre la violencia y el mecanismo de monitoreo, indicadores específicos y un calendario claro, así como las asignaciones presupuestarias suficientes”, especifica el informe.
Vía El Nacional
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