Algunos dirigentes y partidos políticos opositores vienen hablando desde hace unos meses de que la solución, según ellos, para Venezuela es una Asamblea Constituyente. Aunque muchos de nosotros votamos para elegir este tipo de cuerpo colegiado en 1999, y luego en el 2000 para aprobar (o no) sus resultados, son muchos lo que no saben que implica la formación de un ente supraconstitucional.
Una Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático y participativo. Definida por el jurista Jorge Machicado, es “una reunión nacional de delegados del pueblo—no representantes— elegidos o designados con el objetivo específico de determinar las reglas de funcionamiento del Poder Publico como fundamento de su sistema político y plasmar a través de un pacto político en una Constitución fijando reglas para la construcción de un nuevo Estado y de convivencia entre este y la sociedad”
Las asambleas constituyentes pueden ser Originaria o No institucionalizada, si esta se convoca de manera espontánea, con el objetivo de instaurar un nuevo sistema que rompa con el anterior ordenamiento jurídico. O Derivada o Institucionalizada, cuando solo modifica la constitución del Estado en una parcialidad o algunos aspectos de la Carta Magna que no modifican por entero la estructura de la república.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que surgió de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1999, es la primera que contiene como manera de actualizarse, la realización de constituyentes como mecanismo de modificación: Según su artículo 347 “el Pueblo es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de reformar el Estado, crear un nuevo Orden Jurídico y redactar una nueva Constitución”.
Quiénes pueden convovarla. Según el Art. 348 pueden convocarla: El presidente o presidenta de la Républica en consejo de ministros, la Asamblea Nacional con los votos de 2 tercios de los diputados, los concejos municipales, con la aprobación de los dos tercios de estos, y con las firmas del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral. Por vía popular, se necesitarían poco más de 2 millones de firmas y luego un voto mayoritario para ganar la convocatoria.
Lo anterior requiere 3 consultas electorales: 1) El referendo consultivo con el cual se decide si el pueblo quiere un nuevo orden jurídico 2) La elección de los delegados y 3) El referendo aprobatorio, que deberá apoyar (o no) el resultado de la Asamblea Constituyente: Las modificaciones a la constitución o una nueva carta magna.
Quizá sea por esto que los voceros opositores, incluido el excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, han dicho que esta es la ruta para acabar con los años de hegemonía chavista. Con los resultados de la última elección presidencial, en los que el primer mandatario mirandino salió derrotado con una diferencia del 1% de los votos, parece fácil ganar el referéndum consultivo y hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Si bien es cierto que el político parece haber modificado su posición y no estar de acuerdo con esta propuesta, lanza una señal en este sentido cuando llama a la alianza opositora a hacer todos los esfuerzos para renovar el Consejo Nacional Electoral: “toda la dirigencia de base debe organizar una agenda, que esa organización sirva de presión para no tener un CNE igual o peor al que tenemos” porque cualquier acción constitucional pasa por una consulta electoral