La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que podría emitir una sentencia, en su próximo período de sesiones, sobre la demanda contra Venezuela por el caso de la empresa Radio Caracas Televisión (Rctv), la cual dejó de transmitir su señal en 2007, tras 54 años en el aire (1953-2007).
La querella llegó a la corte a raíz de una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el cierre del canal se debió a su línea editorial crítica del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, lo que “habría constituido un acto de desviación de poder”.
Para el gobierno venezolano no ha ocurrido cierre de la empresa, sino una no renovación de la concesión sobre el uso del espectro radioeléctrico. Además asegura que este fue un acto apegado al marco legal venezolano, por cuanto las frecuencias de radio y televisión están bajo la administración del Estado.
Tras la salida del aire del referido canal se creó la estatal Televisora Venezolana Social (Tves), que ocupa la frecuencia VHF 2, que ocupó Rctv por más de un lustro. Para ello usa los equipos de transmisión (Transmisores, antenas, microonda, radiotelefonía, construcciones y cercas) de Rctv, que fueron declarados de utilidad pública por ser necesarios para garantizar el servicio universal y gratuito de televisión, por el Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias 956 y 957 del año 2007.
Venezuela ya no está. El entonces presidente Hugo Chaávez anunció la salida del país de la CIDH el 10 de septiembre de 2012, al entregar el escrito ante la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Un año más tarde, cumplido el preaviso, se hizo efectivo el retiro del organismo, con lo cual la nación ya no está sujeta a sus dictámenes ni tendría representación legal durante la sentencia. Además la CIDH no podrá actuar en casos posteriores al 13 de septiembre de 2013.
Otros Casos. En las sesiones que se celebrarán del 10 al 21 de noviembre, el tribunal regional adelantó también la posibilidad de dictar sentencia por la desaparición forzada de 13 personas y la ejecución de otra durante la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985; la supuesta “detención ilegal y arbitraria” de Gladys Espinoza González, ocurrida en Perú en 1993, cuando habría sido sometida a tortura y abusos sexuales a manos de las fuerzas de seguridad, que la acusaban de formar parte del guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA); la alegada violación del derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo de más de 30 oficiales argentinos que fueron detenidos bajo cargos de defraudación militar, entre 1978 y 1980