Foro por la Vida ante Naciones Unidas: existen amenazas a los avances en DDHH logrados en la Constitución

Este jueves 6 de noviembre organizaciones que forman parte de la coalición Foro por la vida presentaran ante el Comité en contra de la tortura de Naciones Unidas un informe alternativo al del Estado venezolano. La delegación del Estado está encabezada por José Vicente Rangel Avalos.

Este informe será presentado con el objeto de revelar ante el Comité contra la Tortura, asuntos de especial preocupación sobre la situación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la Convención contra la Tortura. Para su elaboración, se tomaron en consideración informes previamente publicados por otras organizaciones de derechos humanos con importante experiencia en áreas de interés para los temas a tratar por el Comité contra la Tortura.

Entre sus principales elementos, el Informe destaca las amenazas a los avances en materia de derechos humanos alcanzados en la Constitución Nacional ante la aprobación de leyes regresivas y el poco independiente andamiaje institucional. Igualmente. el documento advierte sobre los peligros y efectos negativos de la creciente militarización de las políticas de seguridad ciudadana en el país y la actuación de grupos parapoliciales, que son amparados por la impunidad y respaldados de forma expresa o tácita por las autoridades.

El incremento en el número de situaciones donde los cuerpos armados del Estado violaron los estándares sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza, y el afianzamiento de la criminalización de la protesta social, son otros de los aspectos destacados en el Informe. Las organizaciones denuncian que estas prácticas son toleradas y encubiertas, llegándose incluso a premiar a los presuntos responsables.

En materia carcelaria Venezuela sigue siendo uno de los países con más alta tasa de violencia a nivel mundial, expresa el documento que aún el Estado no ofrece resultados tangibles en este aspecto, a pesar de los diversos planes anunciados para mejorar la situación. La mayoría de las cárceles se encuentran bajo el control de los internos y en los últimos años el problema se ha desplazado también a los centros de detención policial, en algunos casos, por expresas instrucciones políticamente motivadas. Se impide u obstaculiza el acceso de integrantes de organizaciones de la sociedad civil a los centros penitenciarios y demás lugares de reclusión.

Por otro lado, los grupos vulnerables, tales como refugiados y solicitantes de refugio, las minorías sexuales, los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de ataques, amenazas, descalificaciones, agresiones y hasta muerte, sin que el Estado realice investigaciones, más allá de las formalidades.

En cuanto a la actualización del primer semestre de 2014, el Informe hace referencia a las manifestaciones realizadas entre los meses de febrero y junio, señalando que las mismas fueron reprimidas con una respuesta principalmente militar, por parte de funcionarios no capacitados para el control del orden público.

Las organizaciones lamentan que a pesar de la aprobación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumamos y Degradantesen dicho período se constató la ausencia de aplicación de estándares para la prevención de la tortura, incluyendo incomunicación, negación de entrevistas privadas entre detenidos y abogados, obstaculización u omisión de exámenes médicos independientes a posibles víctimas de tortura o trato cruel y demoras en presentación de detenidos ante los tribunales.

Finalmente, entre las recomendaciones realizadas por las ONG  figuran que se debe impulsar el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y garantizar la participación de las organizaciones independientes de la sociedad civil en la preparación y seguimiento de los informes periódicos. Asimismo, se debe garantizar que los mandos policiales y las estrategias de seguridad ciudadana y control de orden público, así como los órganos de formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estén en manos de personal civil debidamente capacitado, se debe universalizar la capacitación de funcionarios encargados de orden público y seguridad ciudadana, de acuerdo a los protocolos y estándares internacionales vigentes sobre uso proporcional de la fuerza.

 

Vía Provea.