Desde mayo del 2013 a octubre de 2014, el Ministerio de Interiores y Justicia (MIJ) ha intervenido 7 policías municipales: Caracas, Charallave (Mir), San Diego (Car), La Ceiba (Tru), San Timoteo, La Cañada y Los Puertos de Altagracia (Zul); y 2 estadales: Sucre y Amazonas.
El proceso de intervención al cuerpo policial está descrito en la Ley Orgánica del Servicio de Policía, donde se establece que el MIJ es el órgano encargado de “regular, coordinar, supervisar y controlar la correcta prestación del servicio de policía”.
El Viceministerio del Servicio Integrado de Policía (Visipol), realiza inspecciones a los 142 cuerpos policiales del país. Después de cada inspección, el Visipol eleva a la consideración del ministro la recomendación de suspender, intervenir o brindarle asistencia técnica a una policía determinada.
Un documento del MIJ revela que, de las 59 inspecciones hechas hasta mayo pasado, el Visipol constató debilidades como: despliegue inadecuado del servicio de patrullaje y vigilancia, mal funcionamiento de las oficinas de actuación de control policial y de las de respuestas a las desviaciones policiales, desconocimiento de los rangos jerárquicos dentro del cuerpo e inadecuada atención a las víctimas de delitos; que justifican la aplicación de los 84 programas de asistencia técnica que se han aplicado a las policías de 16 estados hasta el pasado mes de octubre.
La paralela. En noviembre, el presidente Nicolás Maduro, designó una Comisión Presidencial para el Servicio de Policía, con el propósito de “la revisión, rectificación y reimpulso de los órganos de seguridad ciudadana”, presidida por Freddy Bernal, diputado ante la Asamblea Nacional.
Por su parte, Bernal anunció que tienen 7 policías municipales y 3 estadales en la lista para intervenir. Mientras que están elaborando la metodología para tratar la reestructuración del CICPC. Según el decreto presidencial, la comisión que preside Bernal tiene 6 meses para cumplir su tarea.
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