1.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe titulado: “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas” advierte que la minería ilegal en Venezuela amenaza a las comunidades indígenas y, específicamente hace mención al riesgo en que se encuentran las poblaciones originarias aisladas de las zonas más remotas de Suramérica.
El documento de 80 páginas destaca que las actividades de extracción de recursos naturales, como oro en el caso venezolano, hidrocarburos en Bolivia y la tala legal e ilegal de madera en países como Perú, Brasil y Ecuador .
“Representa quizás la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos” de las comunidades originarias que decidieron por voluntad propia estar distantes y que se encuentra en una “situación única de vulnerabilidad”.
En Venezuela, el caso de la minería ilegal es un tema que se discute desde hace décadas, que aún no ha podido ser controlado. El irrespeto a su entorno es una amenaza a su cosmovisión y “pérdida cultural irreparable”, según señala CIDH, donde agrega que “el pueblo pasa por de una situación de autosuficiencia en la selva a una dependencia casi total de quienes le proporcionan comida y medicamentos”, con un “gran efecto desmoralizante en la identidad del pueblo”.
Tanto los yanomamis como los pemones, de los estados Amazonas y Bolívar, han sido comunidades indígenas afectadas. El llamado es para todo, indica el documento.
“En este contexto, el reto para los Estados, organismos de derechos humanos y defensores es lograr la protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, o ser testigos de su desaparición”.
“Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”
2. El Ministerio Público solicitó medidas precautelativas ambientales para prohibir la práctica ilegal de la minería en el estado Delta Amacuro. La decisión fue tomada el pasado mes de julio y está fundamentada en la Ley Penal del Ambiente con la finalidad de proteger las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes) y la salud de los habitantes de la zona.
La prohibición de la extracción ilegal de oro lesiona el ecosistema debido a los productos químicos como el mercurio y el uso de hidrobombas a presión que deterioran las cuencas de los ríos, ubicados en los santuarios naturales del estado Delta Amacuro. Estas directrices también fueron tomadas en Bolívar y Amazonas. De igual forma, el tribunal acordó la intervención de las Fuerzas Armadas Nacionales para que actúen ante el incumplimiento de estas medidas.
La minería ilegal ha invadido tanto el territorio de los pueblos indígenas como todo su entorno
3. En el valle de Kamarata, situado a los pies del Auyantepui, en el estado Bolívar, habitan el pueblo pemón, una etnia indígena que heredó estas tierras con una vasta cantidad de oro y otros minerales, tentación para muchos que llegan a llevárselos.
La Vanguardia, el medio catalán, realizó un trabajo periodístico sobre las características del lugar, el problema de la minería y como las comunidades indígenas se han reinventado a través del turismo para que sus comunidades sobrevivan.
Una riqueza que tiene a la comunidad dividida y al territorio herido. Un sobrevuelo por la zona es suficiente para ver cómo los campamentos de minería ilegal trabajan a toda marcha en el corazón de la selva, y que avanzan como picoteos salvajes cada vez más cercanos al sagrado Auyantepui.
Hortensia Berti, una de las líderes de la etnia pemón, denuncia la situación sin miramientos. “Ahorita tenemos un problema grave, que es la minería, y por lo que produce la minería la gente está regresando a la zona. Nuestra tierra está minada de diamantes y oro. Es dinero fácil. Imagínate que estamos tan mal que los profesores en vez de explicar eso en la escuela, ellos en las tardes se van a las minas”.
El Ministerio de Industria y Minas maneja unas cifras que certifican esta denuncia. El despacho gubernamental ha reconocido pérdidas de más de 300 millones de dólares anuales, tras la salida de incontables toneladas de oro al exterior sin consentimiento del Estado, y en manos de carteles de minería ilegal que contrata a indígenas como mano de obra barata.
“Somos nosotros mismos los que estamos irrespetando nuestras tierras. Nuestra lucha es convencer a nuestros jóvenes que irse a las minas significa acabar con la tierra que los dioses nos han prestado” argumenta Berti.
Poblaciones indígenas corren el riesgo de desaparecer
Con información de: El Nacional, Noticias 24 y La Vanguardia